Thursday, September 23, 2010







Agencia de Noticias

Santo Domingo.- Un tribunal dominicano condenó hoy, jueves, a penas de hasta cinco años de prisión a cinco adolescentes por el asesinato de siete taxistas y heridas graves a otros dos.

Los adolescentes, entre ellos dos mujeres de 15 y 17 años, formaban parte de una banda dedicada a atracar taxistas en los alrededores de la capital dominicana.
Los cinco menores de edad fueron capturados por la Policía en abril junto a otros dos hombres, de 18 y 20 años, que también conformaban la banda.
El juez Rafael Abreu del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, condenó a cinco años de reclusión a tres de los adolescentes y a tres años a los dos restantes.

Concepción D'Oleo, madre de uno de los taxistas asesinados por la banda, y otros miembros del gremio, exigían una pena de 30 años para los procesados.
Según del código de protección de los derechos de los menores, la pena máxima para adolescentes de 16 a 18 años es de cinco años de reclusión, mientras que para las edades de 13 a 15 es de tres años.
La Policía había informado que para cometer sus atracos y matar a sus víctimas, la banda obligaba a los taxistas a beber un líquido corrosivo para destapar tuberías, a fin de destruirles los órganos internos, y luego bañaban los cadáveres con la misma sustancia para evitar que fueran identificados.
A cada una de las audiencias, D'Oleo llevó retratos de su hijo, que esta semana hubiese cumplido 25 años, así como fotos del cadáver desfigurado por la sustancia corrosiva.
El líquido para destapar tuberías, con alta concentración de ácido sulfúrico, fue prohibido de forma definitiva esta semana por las autoridades debido a su creciente uso en hechos criminales.

Además de las penas de reclusión, el juez condenó a los infantes al pago de $13,500 a las familias de cada uno de los siete taxistas asesinados, y $8,100  para los dos conductores que sobrevivieron a los asaltos.
La participación de los cinco adolescentes en los siete homicidios abrió un debate en República Dominicana sobre la eventual modificación de las leyes para que menores de edad que hayan cometido crímenes graves sean juzgados como adultos.

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